Pablo Villegas: "La Comisión Investigadora es la herramienta para que la instalación del radar no quede impune"

El legislador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Pablo Villegas (MPF),  en una entrevista exclusiva con Luciano R. Moreno Calderón director de Pal Sur, detalló la importancia y los alcances del proyecto para investigar la llegada del radar británico-estadounidense de la empresa LeoLabs al Corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Con críticas a la "celeridad" de ciertos trámites y la falta de consultas a Nación, Villegas aseguró: "El radar es una herida abierta" y “este año la comisión será una realidad”.

 

ENTREVISTA

 

• LM: Venís bregando hace muchísimo tiempo, es la creación de una comisión investigadora por la instalación de un radar militar británicoestadounidense. Vos esto lo presentaste en 2023, se cajoneó con diferentes artimañas. ¿Qué está pasando actualmente con esa propuesta?

 

PV: Mira, es un tema recurrente en mi pensamiento y en la decisión política tendiente a que se pueda llegar a investigar por qué nos pasó lo que nos pasó. Quiénes fueron los que participaron en la habilitación, en el facilitamiento de la instalación de ese radar con todo lo que representa en términos estratégicos y en materia de defensa para la provincia y la Nación Argentina. Y a posterior de ello, deslindar las responsabilidades de todo tipo que puedan llegar a tener, en el caso que corresponda, los funcionarios del gobierno de la provincia que intervinieron en la materia.

 

En los últimos tiempos han existido dos hechos que han puesto de nuevo en agenda esta cuestión: por un lado, algunas alocuciones de algunos excombatientes en el acto de Malvinas; por otro lado, la presentación de 9.000 firmas por la Confederación de Veteranos. A eso se le suma que en este ámbito legislativo muchas veces las mayorías van cambiando y hay una de que esto no quede impune, de que se sepa la verdad de cómo fue todo este proceso de instalación y de habilitación; primero de una persona jurídica como LeoLabs SRL, luego el tendido de electricidad en esa zona... ¿Por qué no se hicieron, por ejemplo, las consultas al Ministerio del Interior por el arrendamiento a una empresa extranjera en el marco de ser la totalidad de Tierra del Fuego zona de frontera? En este caso en una zona rural.

 

Llama la atención, por ejemplo, la celeridad que tuvieron algunas actuaciones administrativas referidas a LeoLabs en el ámbito del Ministerio de Producción del gobierno de la provincia... Y como esa, hay un sinnúmero de interrogantes. No podemos seguir viviendo en Tierra del Fuego sin saber realmente qué nos pasó, para que no nos vuelva a suceder. Y en todo caso también para que se defina de una vez por todas si hubo responsabilidades institucionales, responsabilidades políticas de los funcionarios que participaron en esa habilitación.

 

Hay una exigencia histórica. Tengo el alto honor de ser legislador de la provincia usurpada por una potencia extranjera como la británica, y tenemos el deber de actuar en términos institucionales en pos de saber la verdad de toda esta situación. Seguramente en la próxima sesión, a fin del mes de abril, vamos a volver a insistir sobre este proyecto que tiende a crear una comisión investigadora en la que intervengan los distintos bloques legislativos.

 

El radar es una herida abierta que tenemos que tratar de cerrar de la mejor manera posible por respeto a quienes dieron la vida por nosotros en defensa de la patria, por respeto a los veteranos, pero también por respeto a todos y cada uno de quienes amamos esta tierra.

 

• LM: Vos lo presentaste en 2023, cuando se planteaba la reforma constitucional. ¿Qué pasó que en ese momento, con el escándalo presente, no se terminó tratando?

 

PV: Hubo una mayoría en su momento legislativa...

 

Viví algunas vicisitudes que te las voy a contar ahora y las sabe muy poca gente. Hubo un momento en que algunos pares hasta me querían impedir el ejercicio de la palabra en la fundamentación de esta comisión investigadora. Por suerte eso se revirtió, lo pude fundamentar de muy buena manera, siendo bastante extenso porque había estudiado muy bien todas las actuaciones administrativas que tuve a mi alcance.

 

• LM: Quiero aclararle a la gente que vos tuviste que leer más de 400 páginas en dos noches porque el ejecutivo presento el informe tarde e incompleto.

 

PV: Sí, lo habían traído una o dos noches anteriores. Es parte de mi laburo, no me quejo, es mi responsabilidad. Pero en su momento no hubo una mayoría. De hecho se trató de "empiojar" a través de una presentación de otro bloque en la Comisión de Malvinas, cosa que después —como fue algo tan irregular— ni siquiera tomó estado parlamentario. Eso ya pasó. Creo que hoy tenemos otra realidad política y una madurez en la opinión pública respecto de la importancia de saber la verdad.

 

• LM: Muchos dicen: "Si queréis que algo no ocurra, hagan una comisión". ¿Qué particularidades tiene esta comisión bajo el artículo 106 de la Constitución Provincial que hace que no sea posible que no suceda nada?

 

PV: Hay temas de relevancia institucional que el constituyente tuvo presente, y por eso le reconoce a la Legislatura la atribución de crear comisiones especiales de carácter investigativo. Tienen características importantes: participan todos los bloques, tienen un plazo determinado (60 o 90 días, según la complejidad) en el que sí o sí tenés que resolver y dar un resultado. Tiene una jerarquía institucional distinta. Es la herramienta que tenemos los legisladores puesta a nuestra disposición para llevar tareas específicas con reglas distintas al trabajo normal.

 

•  LM: Me habían dicho que lo que solicite esta comisión se transforma casi en un pronto despacho para el gobierno y no puede dejar de responder.

 

PV: Tiene las más amplias atribuciones de investigación. Si es necesario requerir el auxilio de la fuerza pública para presentarse en cualquier oficina de gobierno a los efectos de recabar información, lo puede hacer. Si hay renuencia a la entrega de documentación, las autoridades de la comisión pueden solicitarle al juez de instrucción correspondiente el allanamiento a una oficina pública. No es una comisión normal. El tema amerita un ámbito institucional por fuera del Poder Judicial y de los órganos de contralor (Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado) para que nosotros, representantes del pueblo, podamos averiguar con las garantías procesales correspondientes.

 

El radar, como quedó corroborado por información pública, no solo se puede dedicar a ver el espacio exterior, sino que también puede interferir en los sistemas de vigilancia y actuación de nuestras Fuerzas Armadas. Estoy convencido de que este año vamos a lograr la sanción de la resolución.

 

•  LM: La provincia autorizó dos antenas de radar y hasta ahora pusieron una...

 

PV: Todos esos datos y esas dudas que tenemos los fueguinos tienen que ser materia de una investigación seria, objetiva y transparente que corra este velo de incertidumbre, de comentarios y conjeturas donde pareciera ser que han intervenido en términos económicos e institucionales algunos actores que permitieron que esto suceda. Acá hay que citar a todo el mundo y requerir pruebas de todos lados. Hay que ponerle corazón, cabeza y algunas otras cosas porque esto compromete a las futuras generaciones.

 

• LM: Nosotros los fueguinos no autorizamos nada, fue un gobierno provincial.

 

PV: Estoy absolutamente de acuerdo. No autorizamos el radar; los que lo autorizaron fueron algunos funcionarios del actual gobierno de la provincia.

 

Por

Luciano R Moreno Calderón

Unión Malvinizadora Argentina

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