Villegas: "La presencia de un instrumento militar ha puesto en jaque la seguridad y la tranquilidad de los fueguinos"

Tras la tercera reunión de la Comisión Investigadora, el legislador Pablo Villegas detalló la declaración del juez Dr. Gustavo González, quien explicó la nulidad de la empresa. El parlamentario del MPF defendió el rol de la Legislatura para determinar responsabilidades y propuso crear un marco legal que sirva como "sistema de salvaguardas" para el futuro de la provincia.

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fue escenario de la tercera reunión de la Comisión Especial Investigadora encargada de esclarecer las irregularidades en torno a la instalación del radar británico-estadounidense emplazado a solo tres kilómetros de la ciudad de Tolhuin. El encuentro sumó un capítulo clave tras recibir la declaración del magistrado a cargo de la causa judicial que frenó el entramado societario de la firma LeoLabs en territorio fueguino.

Al concluir la jornada de trabajo, el legislador por el Movimiento Popular Fueguino (MPF) y presidente de la comisión, Pablo Villegas, dialogó Pal”Sur en los pasillos de la Cámara legislativa y calificó el encuentro como un paso trascendental para la investigación y brindó un panorama detallado sobre la inmensa cantidad de pruebas acumuladas.

“Hoy tuvimos la presencia del juez Gustavo González, que es el titular del juzgado de primera instancia civil y comercial número 2 acá del Distrito Judicial Sur”, precisó Villegas al iniciar el balance de la jornada de trabajo. Respecto a la exposición del magistrado, el legislador explicó que, “dentro del marco de sus posibilidades, nos explicó y nos comentó el contenido, el alcance de la sentencia que dictó en un proceso judicial que buscaba la disolución y la liquidación de LeoLabs Argentina S.R.L.”.

En esa línea, el titular de la comisión legislativa ponderó el criterio del magistrado para avanzar a fondo contra la composición de la firma extranjera, manifestando que el juez “explicó, el por qué ordenó la nulidad de la inscripción ante la Inspección General de Justicia”. Villegas no dudó en catalogar la sesión como un avance institucional histórico para el cuerpo: “Creo yo que ha sido una reunión en ese sentido muy rica, muy positiva. También acompañó el juzgado  cerca de 5.000 fojas de la prueba instrumental que está en trámite en este proceso judicial, que hoy está en apelación; es decir, que va a estar en trámite ante la Cámara Civil de Ushuaia”.

Una mecánica de trabajo para saber "por qué nos pasó lo que nos pasó"

El volumen de la documentación judicial incorporada obligó a los parlamentarios a diagramar una estrategia rigurosa para continuar recolectando evidencia. “Los legisladores hemos acordado una mecánica de trabajo que, luego de un estudio así preliminar de la prueba que ya tenemos incorporada, podamos llegar a través de la Presidencia a ordenar otro tipo de medidas probatorias”, adelantó el referente del MPF.

Al ser consultado sobre el rol estratégico y la verdadera importancia que reviste esta comisión en el conflicto geopolítico del radar, Villegas argumentó que la meta principal es dar respuestas claras a los habitantes de la provincia. “Mirá, la importancia que tiene, es la de crear un ámbito institucional, en particular en el poder legislativo, en donde podamos llegar a saber con la mayor certeza posible qué es lo que nos pasó con respecto al radar, por qué nos pasó, y quiénes intervinieron en que nos pasara, que es la presencia de un instrumento militar de empresas que tienen radicación en el Reino Unido, que es la potencia usurpadora de nuestras islas”, disparó con firmeza.

Romper el engaño y exigir responsabilidades

Villegas recordó el inicio del conflicto y cuestionó los discursos oficiales iniciales que pretendieron camuflar las funciones del dispositivo tecnológico en Tolhuin. “Desde el primer momento que tomé conocimiento como legislador de esta situación, en donde nos decían una cosa y después en el tiempo pudimos lograr o empezar a acreditar que se trataba de otra realidad, manifesté mi voluntad de saber qué es lo que nos había pasado y por qué nos había pasado, y quiénes eran los funcionarios por el radar iniciales que habían intervenido al respecto”, rememoró.

Para el legislador de la provincia, el control parlamentario y la soberanía territorial forman parte de un deber ineludible. “¿Por qué? Porque creo que nosotros tenemos, particularmente uno como legislador, tiene la obligación de controlar los actos del Ejecutivo, pero particularmente de defender la vida y el patrimonio de todos y cada uno de los fueguinos”, afirmó, y advirtió sobre la peligrosidad del artefacto: “La presencia de un instrumento militar de estas características, o que cumple una función dual, civil y militar, de estas características, ha puesto en jaque, desde mi punto de vista, ha puesto en jaque la seguridad, la tranquilidad y hasta la propia idiosincrasia de los fueguinos”.

Blindar el futuro de Tierra del Fuego

Hacia el cierre de la entrevista, el legislador por el Movimiento Popular Fueguino se mostró optimista sobre las expectativas del dictamen final que elaborará el cuerpo legislativo y subrayó la necesidad de generar mecanismos institucionales permanentes para blindar a la provincia de este tipo de maniobras transnacionales.

“Yo tengo la firme convicción de que tenemos que devolverle al pueblo de la Tierra del Fuego con la mayor información posible, con la mayor seriedad posible, esto de decir, bueno, nos sucedió esto, por estas circunstancias, intervinieron estas personas”, planteó Villegas. Asimismo, apuntó a las consecuencias institucionales que deparará la investigación: “Nosotros a partir de ahora creemos que, más allá de que correspondan las responsabilidades políticas de algunos funcionarios —creo que eso lo va a definir en su momento la Comisión—, tratar de generar un sistema de salvaguardas, por así decirlo, un marco legal para que en el futuro no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió”.

Finalmente, el presidente del cuerpo investigativo dejó un fuerte mensaje político dirigido a toda la dirigencia y a las generaciones venideras. “Es necesario un marco legal y un mensaje institucional. Nosotros los fueguinos no nos podemos permitir, no tenemos el derecho de permitirnos que estas cosas sucedan. Y tenemos, quienes tenemos responsabilidades institucionales, tenemos la obligación —por lo menos eso lo siento yo— de trabajar en consecuencia y de trabajar para que esto se corrija y para que no vuelva a suceder, ni para nosotros ni para las futuras generaciones. Y para eso es necesario poner los puntos sobre las íes, recabar información, hacer la valoración correspondiente y, en todo caso, efectuar el dictamen que después lo vamos a tener que llevar al Poder Legislativo nosotros”, concluyó.

Por

Luciano R Moreno Calderón

Dr. de Pal´Sur

Unión Malvinizadora Argentina

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