Matías Lapadula exigió informes por la operatoria de un buque británico en Tierra del Fuego

En el marco de la controversia por la presencia del buque petrolero que amarró en el puerto de Ushuaia, Usurpado por el gobierno anglo-sionista de Javier Milei, el legislador provincial por Provincia Grande, Matías Lapadula, se refirió al polémico recalado de un petrolero de bandera británica y a los recientes pedidos de informe presentados ante el Parlamento fueguino.

Durante una entrevista periodística, el parlamentario expresó su firme postura sobre la necesidad de extremar los controles sobre los recursos naturales y la presencia anglosajona en la región. "A todos, sobre todo acá en Tierra del Fuego, los fueguinos, cuando tenemos tan adentro la Causa Malvinas, nos hierve la sangre al ver estas cosas, nos indigna", sostuvo Lapadula. No obstante, remarcó que desde su función legislativa debe "asumir esto con responsabilidad y tomar las medidas o las acciones que uno debe tomar desde este lugar".

Pedidos de informe y cuestionamientos a la gestión local

Lapadula confirmó la presentación de dos iniciativas clave (entre las que figura el Pedido de Informe N° 452/26 y N° 451/26) para reconstruir la trazabilidad del buque en territorio provincial “en primer lugar al Gobierno y en segundo lugar a la administración de puertos -a la intervención del puerto-, para saber cómo fueron las circunstancias de este recalado de un buque de bandera inglesa tanto en el puerto de la ciudad de Ushuaia como también en la monoboya de Cullen", precisó.

A su vez, cuestionó en duros términos el accionar del Poder Ejecutivo provincial: "Lo que me parece a mí llamativo y más preocupante todavía es este doble discurso de salir inmediatamente a criticar o a culpar al Gobierno Nacional cuando este fue un recalado, sobre todo en la boya, que tenía conocimiento el Gobierno y que fue autorizado por el Gobierno de la provincia". En ese sentido, hizo una analogía con otros hechos de impacto soberano en la isla: "Cuando yo veo estas cosas tampoco me sorprende lo del radar inglés. Acá parece que pasa cualquier cosa por delante y nadie se da cuenta. Cuando esto sucede, o somos muy tontos o permisivos o somos cómplices".

La necesidad de actualizar la legislación: de la "Gaucho Rivero" al contexto actual

El legislador puso el foco en la necesidad de modernizar el marco normativo vigente, haciendo alusión tanto a la Ley Provincial N° 852 (Gaucho Rivero) como a la Ley Nacional N° 26.659. "Lamentablemente nosotros tenemos la Ley Gaucho Rivero, que sanciona y prohíbe esto. Ahora, esa ley fue hecha en otras circunstancias donde no estaba todavía en marcha este proyecto de robo de nuestros recursos por parte de Gran Bretaña y tenía un fin disuasivo. Me parece que hoy esta ley hay que empezar a trabajarla para ver qué otras herramientas podemos avanzar, no solo para disuadir ahora, sino para empezar a evitar lo que ya es un hecho consumado", analizó.

Según el legislador de Provincia Grande el texto de la ley actual presenta grises técnicos: "Un barco que sea de bandera inglesa no está imposibilitado per se de trabajar para una empresa que está acá salvo que también trabaje en Malvinas. Si está haciendo una explotación ilegal en nuestras Islas Malvinas, claramente la ley impide y prevé sanciones. Ahora, si no se da esta circunstancia, esta ley no prevé sanciones al respecto ni imposibilidad de trabajar. Por eso es importante determinar bien las circunstancias y adecuar la normativa para que sea más gravosa".

La participación de capitales británicos y las concesiones energéticas

Consultado sobre la participación e intereses de empresas petroleras británicas en la Cuenca Austral de la isla —como el caso de Harbour Energy—, Lapadula explicó: "A mí me parece sumamente grave. La ley se había hecho con un objeto y creo que es una herramienta importantísima que tiene la Nación para proteger sus recursos en nuestras Islas Malvinas. Es un hecho que hay que revisar y en todo caso investigar dentro de la Justicia para determinar si se cumplió o se incumplió con esta normativa".

Asimismo, advirtió sobre los entramados corporativas: "Estas empresas operan y tienen una forma de operar que siempre ocultan de dónde viene cada uno de los capitales; es como abrir mamushkas por mamushkas hasta que uno se da cuenta realmente quiénes son. Dificulta mucho conocerlo, sobre todo desde la Legislatura que recibimos documentación que viene ya preparada desde el Gobierno. Debieran haberlo sabido".

Lapadula instó a aprovechar el escenario macroeconómico y la atracción de inversiones para fijar condiciones soberanas innegociables. "Hoy Argentina está abierta a inversiones de todo el mundo, en litio, minería, Vaca Muerta, yo le tengo que poner la condición de que no pueden trabajar en Malvinas. Tienen que elegir e imponerles esa condición, inclusive el principio de reciprocidad, porque ellos vienen a invertir acá y pueden llevarse nuestros recursos, pero YPF no puede invertir en Malvinas, que es nuestro territorio", argumentó.

"Donde más les duele a los ingleses es en el bolsillo y es donde hay que tocar con la normativa, para impedir que empresas que quieren hacer grandes negocios en Argentina tengan que optar y dejen de invertir en robarnos nuestros recursos en las Islas Malvinas", enfatizó.

Finalmente, adelantó que se encuentra redactando un nuevo instrumento legal: "Estoy trabajando en un proyecto para avanzar en otro tipo de normas y de sanciones para poder cuidar nuestros recursos y que el Estado provincial tenga herramientas a su alcance para poder intervenir y sancionar a las empresas que ilegalmente explotan los recursos naturales de nuestra provincia".