Radar Británico en Tierra del Fuego: "Instalarán la segunda antena que autorizó el gobierno provincial"

Así lo aseguró Luciano R. Moreno Calderón, referente de la Unión Malvinizadora Argentina (UMA) y director del portal Pal’ Sur, en diálogo con el prestigioso periodista fueguino Sergio Sarmiento, en su programa "Entre Nosotros" de Radio Provincia FM 99.9 (Ushuaia).

 

Durante la entrevista radial, Moreno realizó un desarrollo amplio sobre las pruebas de que el radar nunca dejó de funcionar; la complicidad del gobierno provincial en la instalación del dispositivo; los actores locales que permitieron el desembarco de la empresa y otorgaron los permisos necesarios; y los riesgos que la antena representa —o podría representar— para la soberanía, la integridad territorial y la vida de la población.

 

A partir del audio de la conversación se realizó un video, acompañado de abundante material probatorio oficial que respalda las afirmaciones del referente. El material se adjunta al final de la nota y fue publicado hace algunos días en el canal de YouTube de la Unión Malvinizadora Argentina.

 

Las denuncias cajoneadas

 

El primer tema abordado fue el convenio firmado entre la empresa LeoLabs y el Comando Espacial de los Estados Unidos, así como también las denuncias radicadas en la Justicia para investigar las responsabilidades nacionales y provinciales por la instalación y permanencia del dispositivo británico-estadounidense a tres kilómetros de la ciudad de Tolhuin, en el corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

 

“Existen denuncias penales realizadas contra el gobernador y varios de sus funcionarios por la instalación del radar, todas completamente cajoneadas”, expuso Moreno.

 

“También existe en la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur un pedido para crear una Comisión Investigadora, en los términos del artículo 109 de la Constitución provincial, con el objetivo de determinar las responsabilidades del gobierno provincial y de sus funcionarios en la instalación de este radar, que nunca dejó de ser una amenaza a la soberanía y a la integridad territorial”.

 

Según detalló, ese pedido fue impulsado por la Confederación de Combatientes de Malvinas el 19 de diciembre de 2023, cuando una delegación viajó desde Buenos Aires a Ushuaia para presentarlo ante la Legislatura con el respaldo de 10.000 firmas reunidas por veteranos y familiares de todo el país. “La Legislatura jamás tuvo la delicadeza siquiera de tratarlo. Por el contrario, fue inmediatamente cajoneado. En la misma sesión en la que aprobaron la modificación de 70 artículos de la Constitución provincial, archivaron este proyecto para crear una Comisión Investigadora”, afirmó.

 

Moreno agregó que, junto a la Confederación de Combatientes de Malvinas, también se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Estado, acompañada de un trabajo de su autoría titulado Crónica de un radar británico en Tierra del Fuego, el único libro escrito sobre la temática y que cuenta con abundante material probatorio. “A pesar de todo ello, nada ocurrió. La impunidad de los funcionarios que gestionaron o facilitaron la instalación del radar es total: todos siguen en funciones o en carrera, cobrando sueldos millonarios, luego de haber realizado algo gravísimo”, sostuvo.

 

Funcionamiento del radar e informe del Ministerio de Defensa

 

Respecto al funcionamiento del dispositivo, Moreno aseguró que “nunca dejó de funcionar; lo que puede estar ocurriendo ahora es un proceso de institucionalización y legalización del radar”.

 

“Esto surge del propio Informe del Ministerio de Defensa (IMD)emitido a fines de julio de 2023, poco después de que el entonces ministro Jorge Taiana solicitara cancelar la autorización precaria para el funcionamiento del radar, que había sido instalado en marzo de ese año, luego de que el gobernador Gustavo Melella lo inaugurara junto al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, Andrés Dachary y Agustín Tita”.

 

“Desde 2023 el radar está instalado y funcionando. ¿Por qué digo funcionando? Porque el propio Ministerio de Defensa afirmó claramente, en primer lugar, que el radar es inauditable por cualquier científico argentino (pag.15 del IMD). Es decir, debemos creerle a la empresa cuando dice que está deshabilitado, algo que resulta, como mínimo, dudoso. En segundo lugar, el radar puede funcionar aun desenergizado”, remarcó.

 

Moreno explicó que en algún momento se intentó instalar la idea de que el radar estaba desenergizado, “lo cual también fue falso, porque lo desconectaron por un breve lapso y luego lo reconectaron”. Pero incluso, aclaró, “un radar desenergizado puede seguir funcionando en etapa pasiva (pag.14 del IMD), ya que posee sistemas que le otorgan autonomía energética (pag.18 del IMD)”.

 

“Existe una diferencia técnica entre desenergización, desactivación y desmantelamiento”, precisó. “La desenergización implica que la Dirección Provincial de Energía (DPE) quite el suministro eléctrico. La desactivación significa que el radar no pueda operar ni en etapa activa ni pasiva. Y el desmantelamiento supone desmontarlo completamente, fraccionarlo en todas las partes que fueron unidas, colocarlo nuevamente en el contenedor en el que llegó y dejarlo sin posibilidad alguna de funcionamiento”.

 

En ese marco, advirtió que “si no existe un desmantelamiento, el radar puede estar activo”, y cuestionó las declaraciones del secretario de Malvinas, Andrés Dachary, a quien señaló como uno de principales funcionarios que avalaron su instalación. “Decía que solo observaba basura espacial y que le creía a la empresa a partir de informes semestrales elaborados por la propia firma. Creerle a una empresa como LeoLabs, que ha firmado contratos con el Ministerio de Defensa del Reino Unido y con el Comando Aeroespacial de Estados Unidos, es un error gravísimo, por no decir un acto de traición a la patria”, sentenció.

 

Consolidación del radar

 

Moreno sostuvo que “los primeros actos jurídicos que luego se utilizaron para elevar los permisos a Nación fueron realizados por el gobierno provincial en tiempo exprés”. En ese sentido, consideró que el radar no será desactivado, sino que “buscarán alguna maniobra para consolidarlo legalmente”.

 

Planteó, además, que una de las alternativas podría ser modificar la Directiva de Política de Defensa, ya que uno de los motivos por los cuales se anuló la autorización precaria otorgada en noviembre de 2022 fue que violaba dicha política. “Como los gobiernos nacionales suelen modificar la política de defensa de acuerdo con sus intereses geopolíticos, cambiando algunos puntos podrían lograr que el radar deje de ser considerado una violación”, advirtió.

 

“El gobierno actual optó por el silencio y por permitir que el radar continúe funcionando sin cuestionamientos. Y el gobierno provincial, más allá de declaraciones declamatorias, no ha hecho absolutamente nada para retirarlo ni para sancionar a quienes lo gestionaron”, agregó.

 

Cómplices internos

 

Al referirse a funcionarios con vínculos con la empresa, el referente de la Unión Malvinizadora Argentina fue contundente.

 

“Recordemos que Alberto Mancini no solo fue el director provincial de Energía que conectó el suministro eléctrico al radar. Se trata de un funcionario del gobierno fueguino con formación militar, que en una entrevista afirmó ser especialista en radares, y que colocó a su hijo —músico— como directivo de la empresa LeoLabs”, precisó.

 

Otro caso mencionado fue el de Pablo Bilbao, “otro director que, según entiendo, es sobrino o yerno de la ex diputada nacional oficialista Caparrós”.

 

También apuntó contra Luis Hormechea, ex director de la Estación Astrofísica de Río Grande, quien “además de ser asesor externo de LeoLabs, es asesor del gobierno provincial en el Centro de Investigaciones y Transferencias (CIT) desde mayo de 2023. Al parecer, como premio por haber realizado todos los trámites y facilitado la instalación del radar”, fustigó Moreno.

 

“La verdad es que resulta llamativo que un asesor externo de la empresa que instaló el radar haya sido designado casi de inmediato asesor del gobierno provincial fueguino”, agregó.

 

“En todo este contexto, el gobierno provincial ha optado por hacerse el distraído con el tema del radar, luego de haber otorgado todos los permisos necesarios para que se instale”, concluyó.

 

Un radar como objetivo militar en un conflicto global

 

“El radar sigue funcionando y todo parece continuar como si nada pudiera suceder. Los gobiernos provincial y nacional se aprovechan del desconocimiento generalizado de la población sobre cómo funciona el dispositivo, para qué sirve y la gravedad de la situación en la que nos encontramos”, advirtió.

 

Moreno señaló que “nadie habla de que, si el mundo se viera envuelto en un conflicto militar de escala global que involucre a Rusia, Estados Unidos, China y otras potencias, ese radar podría ser utilizado por Estados Unidos y el Reino Unido para rastrear misiles hipersónicos, teledirigidos, intercontinentales y con cabeza nuclear, que son los que poseen Rusia y China, y que podrían emplearse para atacar a Estados Unidos o incluso a la base de la OTAN en Malvinas”.

 

“Esto no es una conjetura conspirativa: lo afirma con claridad el propio Informe del Ministerio de Defensa, en las páginas 3, 5, 14 y 16 y 19”, subrayó.

 

Recordó que en junio de 2024 Rusia advirtió al Reino Unido que, si continuaba utilizando armamento británico en la guerra de Ucrania, se reservaría el derecho de atacar las bases de ultramar británicas en distintas partes del mundo. “Si los británicos atacaban a Rusia, los rusos responderían atacando posiciones estratégicas de la OTAN”, explicó.

 

“En la usurpación de Malvinas no solo está involucrado el Reino Unido, sino también Estados Unidos. Por eso, el radar ubicado a 700 kilómetros de las islas y a solo tres kilómetros de Tolhuin permite observar misiles que eventualmente podrían atacar Malvinas. En consecuencia, si Rusia quisiera atacar la base militar de Malvinas, lo primero que debería hacer es bombardear Tolhuin. Esto no lo digo yo: está expresamente señalado en el informe del Ministerio de Defensa de julio de 2023”, sostuvo.

 

Añadió que el 9 de diciembre pasado Estados Unidos firmó un contrato con LeoLabs para vigilar la órbita baja de la Tierra —entre los 200 y los 2.000 kilómetros— con el objetivo de observar no solo basura espacial y satélites, sino también aeronaves y misiles.

 

“Estamos ante un peligro extremo y a la provincia parece no importarle. Solo les interesa que permanezcamos en silencio mientras todo esto ocurre y, cada tanto, hacer alguna declaración haciéndose los patriotas. Seguramente el 2 de abril los veremos llorar y hacer la pantomima de siempre, pero en los hechos no hicieron más que favorecer la usurpación británica en Malvinas y poner en riesgo la soberanía, la integridad territorial y la vida de los fueguinos”, afirmó.

 

Un entramado subterráneo

 

Consultado por Sarmiento sobre la posibilidad de que el radar esté conectado de manera subterránea, Moreno respondió sin rodeos: “El radar está conectado de forma subterránea y los trabajos se realizaron de manera muy prolija durante la gestión de Mancini”.

 

“Todo esto ocurrió de manera subterránea y, del mismo modo subterraneo, se tendieron los cables de electricidad bajo tierra”, aseguró.

 

Indicó que en el canal de YouTube de la Unión Malvinizadora Argentina existe un video en el que se muestra el lugar y se observa que quedaron cables cortados a la vista. “Pero esos no son los cables que van bajo tierra. Son cables vacíos, dejados allí para simular que la luz está cortada, cuando en realidad —según el informe presentado por el Ejecutivo provincial a pedido de la Legislatura en septiembre de 2023— tanto el tendido de internet como el de energía trifásica son subterráneos”, explicó.

 

“De ese modo no se puede saber qué están haciendo ni si el radar está conectado o desconectado, porque incluso el medidor no está vinculado con ese tendido eléctrico. Esto se observa claramente en las fotos publicadas en el informe oficial, que es de acceso público”, agregó.

 

El blanqueo del uso militar del radar

 

Sarmiento explicó que la entrevista se originó a partir una publicación en la revista especializada Space News, informa que proveerá datos de vigilancia espacial al gobierno estadounidense y realizará operaciones comerciales conjuntas con la Fuerza Espacial de los Estados Unidos.

 

“Una cosa es que LeoLabs blanquee de manera indirecta su perfil dual, y otra muy distinta es que lo haga de forma explícita en su página oficial. Eso ocurrió a partir de julio de este año, cuando la empresa se definió como una entidad vinculada a Estados Unidos, que actúa en favor de ese país y de sus aliados frente a sus adversarios. Desde junio esa definición figura en su sitio web; antes no estaba”, explicó Moreno.

 

“En el informe de Defensa de 2023 se hablaba de un ‘posible uso dual’. A partir de julio, LeoLabs blanquea directamente ese perfil: habla de adversarios, de Estados Unidos y de sus aliados”, remarcó.

 

Los riesgos de un radar militar británico-estadounidense en el extremo sur

 

“Los peligros que enfrentamos son tres”, enumeró Moreno.

 

“En primer lugar, la soberanía. Que tengamos un gobierno que permita instalar un radar británico a tres kilómetros de Tolhuin y a 500 metros de la ruta nos da una idea de las cosas que pueden estar haciendo sin que nos enteremos”.

 

“El segundo riesgo es que, en un conflicto global, el radar se convierta en un objetivo militar. Deshabilitarlo permitiría que misiles hipersónicos, intercontinentales y con cabeza nuclear no puedan ser detectados en ese sector del planeta, por lo que sería un blanco estratégico para cualquier potencia ajena a la OTAN”.

 

“El tercer problema es sanitario. Cuando el gobierno provincial por intermedio de Castiglione otorgó la autorización ambiental en tiempo récord, en el segundo párrafo de la página dos del documento se aclara que se autoriza la instalación aun considerando los posibles efectos subclínicos en la población. Es decir, el radar no solo afecta la soberanía, sino que podría estar impactando en la salud de los habitantes de Tolhuin”.

 

En ese sentido, se preguntó si el gobierno provincial realizó estudios para determinar posibles consecuencias sanitarias. “Yo no me enteré. Tal vez los hicieron y no lo sé. Pero si no es así, es realmente preocupante. Si ellos mismos reconocen que pueden existir efectos subclínicos, ¿qué controles se hicieron? ¿Quién se hace cargo si esto genera enfermedades?”, planteó.

 

La nueva etapa

 

Sarmiento observó que, según lo planteado por distintos sectores periodísticos, el radar sigue funcionando y todo indica que continuará operando.

 

“No solo va a continuar”, respondió Moreno. “La estación de radar LEO AGSR puede funcionar con una o con dos antenas. Hoy hay instalada una sola, pero el gobierno provincial autorizó la instalación de dos. Ya se realizaron movimientos de suelo y se está preparando la base de cemento para colocar la segunda antena”.

 

“Es decir, no solo el radar estaría funcionando, sino que —con el aval del gobierno provincial y la complicidad del gobierno nacional anterior y del actual— avanzan hacia la instalación de la segunda antena”, concluyó.

 

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